La vida político-democrática de México cambió cualitativamente a raíz de la Reforma Política de 1977, cuando el otrora presidente José López Portillo (1976-1982), hizo un llamado en la Cámara de Diputados para dar un giro de 180 grados a la vida electoral en el país. Con base en ella, surgió y se aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), la cual dio paso a la apertura política en los comicios federales.
Durante los comicios nacionales de 1978, para la elección de legisladores en la Cámara Baja, contendieron de forma oficial en las boletas los partidos Comunista de México (PCM), el Socialista de los Trabajadores (PST), el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Demócrata Mexicano (PDM), entre otras asociaciones menores. Desde entonces, partidos de oposición al hegemónico Revolucionario Institucional (PRI), ganaron escaños en puestos de representación popular.
La década de 1970 mexicana estuvo marcada por grupos opositores al Estado y a sus formas autoritarias de control político-social. Algunos de ellos tuvieron su expresión en grupos guerrilleros y la respuesta del gobierno no se hizo esperar; bajo la llamada Guerra Sucia, se desplegó al ejército para eliminarlos. Desde entonces, ciertos grupos opositores y militares comenzaron a ser ligados con organizaciones del crimen organizado, y pasados los años, los segundos ocuparon la primera plana de la vida nacional.
Además, la vida político-económica de México tuvo cambios estructurales con base en la entrada de las reformas neoliberales, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) tuvo a su mando el inicio de la privatización de la producción, industria y banca mexicana. A su vez, el ámbito político-electoral continuó bajo la bandera de la democratización para la elección de puestos de representación popular.
Partidos políticos como el PCM cambiaron a ser el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), después con afiliados del PSUM y desertores del PRI, se formó el actual Partido de la Revolución Democrática (PRD). Otro grupo que ha estado vigente desde 1940 y también ha sido un opositor constante, es el Partido Acción Nacional (PAN). Fue hasta el año 2000 que los principios de la apertura democrática de la LOPPE se realizaron con la victoria de Vicente Fox a la presidencia de México.
Con el fin de la guerra sucia en la década de 1980, en México acaecieron ciertos conflictos en Jalisco, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, que fueron relacionados con pugnas entre organizaciones criminales. Entre las más fuertes, estaban el Cártel del Golfo, el de Sinaloa y el de Guadalajara, quienes no sólo tenían enfrentamientos intergrupales, sino también contra el Estado mexicano.
No obstante, diversas investigaciones sostienen que, entre 1980 y poco después del 2000, los grupos del crimen organizado tenían estructuras de control de las rutas para el trasiego de drogas por la frontera. Además de vigilancia en sus áreas de influencia y conocimiento de la jerarquía de las policías estatales y municipales, que bajo su colusión y amparo, tenían éxito en los negocios en la venta de estupefacientes.
Esta imbricación de control político con el crimen organizado estuvo relacionada en dichas décadas cuando el PRI aún tenía control y hegemonía en gran parte de los estados de México. Por ejemplo, en Baja California, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, los cárteles de Sinaloa, del Golfo y el de Guadalajara tenían influencia en la vida social y política. Podían llevar a cabo sus actividades bajo el amparo de las autoridades y la violencia derivada de estos grupos era menor, en comparación con los niveles delictivos contemporáneos.
Con el advenimiento de la apertura democrática a nivel presidencial en el año 2000 y a raíz de que el PRD y el PAN, siendo los partidos de oposición con mayor afiliación y rango de acción en ese entonces, comenzaron a ganar escaños en la Cámara de Diputados, puestos en presidencias municipales y a nivel estatal. Siendo así, Guillermo Trejo y Sandra Ley exponen en Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México (Debate, 2021), la conexión causal, tanto cuantitativa como cualitativa, del incremento de la violencia relacionada con las organizaciones delictivas con la apertura democrática mexicana.
El punto de inflexión y recrudecimiento de esta violencia fue en 2007 cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”. Cabe señalar que Trejo y Ley no descartan la dimensión global del crimen organizado y la posición de México en los circuitos internacionales que, a su vez de forma no casual, incentivan este negocio ilícito. Además, se debe tener presente la importancia de la firma de la Iniciativa Mérida (2008) entre México y Estados Unidos, que permitió la infiltración de agentes de la DEA y la CIA en México, así como una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas mexicanas en organizaciones criminales.
No obstante, el centro de la investigación de ambos radica en presentar cómo los ritmos político-electorales en determinados estados, pueden influir en la forma en la que el crimen organizado se relaciona con la sociedad. Es decir, destacaron que durante el sexenio de Felipe Calderón, los estados y municipios donde gobernaron políticos no afiliados al PAN, los índices de violencia relacionada con el crimen organizado fue mayor.
Asimismo, con base en estadísticas, comprobación empírica, entrevistas y ejercicios de ciencia política, Trejo y Ley señalan que entre 2007 y 2012, los estados gobernados por el PRD fue donde hubo más homicidios hacia civiles y miembros del partido. Esta cuestión dio paso a plantear que los grupos del crimen organizado han diversificado su rango de operaciones y, para entender más a fondo su funcionamiento, no se debe despolitizar sus acciones, como se hace en el discurso público. Este libro es una propuesta desde la ciencia política para comprender cómo interactúa y cambia el crimen organizado a partir de los movimientos electorales.
En efecto, la aproximación cuantitativa y cualitativa que hacen Trejo y Ley se desmarca de la literatura existente sobre la “guerra contra el narcotráfico” en México. Donde predomina la desaparición forzada, colusión y amparo de los gobiernos con las organizaciones criminales, balaceras intergrupales, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de personas marginadas, trata de personas, secuestro, extorsión, explotación de recursos naturales, despojo y acumulación de tierras. Sin afán de señalar culpables, perpetradores e ineptitud política, este estudio pretende explicar cómo es que las organizaciones criminales tienden a funcionar políticamente. Muestra cómo influyen en los gobiernos y en la ciudadanía, con base en el despliegue del terror, mediante la violencia homicida y la amenaza de morir, para sólo acrecentar las estadísticas de fallecidos en la “guerra contra el narco”.
