El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está en su fase final, mientras que la disyuntiva prevalece en el cuestionamiento respecto a que si el modelo neoliberal llegó a su fin tras las elecciones federales del pasado julio del 2018 o, por otro lado, si la crisis se agravó y las contradicciones inherentes al modelo capitalista continúan azotando a los sectores vulnerables. Desde Palacio Nacional, el discurso político aduce a que el neoliberalismo llegó a su fin con base en la entrada en vigor de ciertas reformas constitucionales que intentan cambiar el andamiaje jurídico y administrativo del país.
Cabe recordar que aquel modelo se toma en cuenta a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), donde hubo cambios en la política económica aprobados por el Congreso de la Unión; los funcionarios que arribaron a los escaños en las Cámaras y otros puestos políticos provenían de universidades estadounidenses con una visión tecnócrata. Es decir, se redujo la injerencia estatal en la economía política e inició el fin del Estado benefactor para abrir paso a la economía de mercado global y las máximas del TLC, después TLCAN y, por último, el T-MEC.
Con base en ello, el Estado mexicano dejó de incidir en los procesos productivos, en tanto, la extracción de minerales, usufructo de agua, energía y demás materias primas, paulatinamente, fueron cayendo bajo el dominio de la iniciativa privada. Si bien no fue un proceso automático, durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se reformaron artículos constitucionales que fueron disminuyendo la injerencia del Estado en la economía. Este proceso continuó durante los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Como parte de un proceso mundial para afianzarlo, entró en vigor la Iniciativa Mérida (2007), aquel acuerdo político entre México y Estados Unidos, supuestamente para combatir al crimen organizado, pero que favoreció la guerra contra la población opositora al modelo extractivista.
Por ejemplo, la expropiación de terrenos y mantos acuíferos fue un punto clave para el beneficio de industrias mineras, cerveceras, textiles, turísticas, entre otras. A su vez, el problema del narcotráfico explotó y también dañó el tejido social aunado a la apropiación por parte del crimen organizado de sectores productivos claves: el aguacatero en Michoacán, la tala ilegal de árboles en la Ciudad de México, el robo de gasolina a nivel nacional, la toma de aduanas y demás; sobra decir que lo anterior sería imposible sin la colusión de las autoridades, dependiendo el caso, municipales, estatales y federales.
El culmen del proceso neoliberal, hasta ahora, aconteció en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la firma del Pacto por México (PM) el 2 diciembre de 2012, donde los sectores políticos, empresariales e intelectuales beneficiados se ciñeron a este “para impulsar el crecimiento [político, económico y social del país para] construir una sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la pobreza y la desigualdad social”, así como democratizar (sic) la vida pública de la nación.[1] No obstante, existen argumentos que aducen a que el PM fue una violación a la soberanía nacional; que la pobreza, la brecha salarial, la falta de empleo, la crisis económica y eductavita incrementó. Por lo demás, el enojo social devino por los diferentes escándalos políticos, donde se informaba que la corrupción, el desfalco al erario, los contubernios con el crimen organizado por parte de políticos y otros males sociales eran práctica común. De ello se señala que la desaparición forzada, el asesinato y la fabricación de delitos hacia periodistas, opositores, activistas sociales y protectores de áreas naturales era la regla y no la excepción; algunos investigadores indican que esto persiste.
En este sentido, tras la llegada de AMLO al Poder Ejecutivo, entró en marcha una estructura donde prevalece la injerencia del Estado y de las empresas paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También se quiso legislar para cambiar la Ley Nacional de Aguas, se hicieron cambios al artículo 27 constitucional, para que el Estado recupere la batuta en la extracción de materias primas, así como la utilización de los minerales y otros bienes provenientes del subsuelo, como el caso de los mantos acuíferos.
En el discurso político, AMLO destaca que el gobierno federal quiere recuperar el usufructo de los bienes nacionales. El argumento político radica en que, durante el periodo neoliberal, empresas privadas y políticos con intereses en dicho sector se beneficiaron en detrimento de los sectores proletarios, vulnerables y disidentes políticos. Por lo demás AMLO insiste que en su gobierno no hay corrupción ni impunidad.
Sin embargo, es imposible comprender la situación económico-política mexicana sin observar la causalidad mundial en la cual está inserto el Estado nacional, donde las actividades productivas nodales están enfocadas hacia la extracción de materias primas para su exportación y contribución a las cadenas globales en sectores estratégicos. Entre ellos, están los agrícolas-agropecuarios y los referentes a las industrias gaseras, de construcción, tecnológicas, automotriz, entre otras.
Es por ello que se deben explicar las condiciones socioeconómicas nacionales junto con el contexto global, donde prevalecen los beneficios hacia la iniciativa privada y, por lo tanto, la privatización de la vida pública y privada amenaza con destruir la existencia humana: la era del antropoceno, de acuerdo con diversos especialistas, puede acabar con la vida como la conocemos en el planeta. Es decir, las condiciones actuales del capitalismo favorecen el extractivismo y a la vez fomentan la escasez de agua, la destrucción de bosques, acuíferos, reservas naturales, el desplazamiento forzado de poblaciones, así como el hacinamiento de personas, el encarecimiento de bienes y servicios y, en general, la pérdida de las condiciones para llevar una vida saludable en todo sentido.
Aunado a lo anterior, Irmgard Emmelhainz señala en su ensayo La tiranía del sentido común (Debate, 2023) que la llegada de AMLO y su movimiento político al Poder Ejecutivo y al Legislativo, junto con su inclinación hacia la austeridad republicana, bajar los salarios de los altos mandos federales, reducir el gasto público y, por otro lado, incrementar el gasto en programas sociales, recuperar la injerencia del Estado en Pemex, la CFE y otros sectores, no representó el fin de la corrupción, la impunidad y del neoliberalismo en sentido político-económico.[2] Así, en el debate público, algunos analistas, como Viri Ríos en sus columnas semanales en Milenio, indican que, de acuerdo con datos del Inegi y del Coneval, la pobreza sí disminuyó con base en el incremento del salario mínimo, y no debido a los programas sociales per sé, a pesar de la inflación y que esto no lo afectó en términos porcentuales.
Sin embargo, en México persisten ciertas características neoliberales, puesto que la acumulación de capital no cesa y el despojo de tierras, la precarización laboral, la subcontratación de servicios y de trabajadores pervive. Así, un porcentaje de gente se encuentra sin acceso a los mínimos derechos de seguridad social, prestaciones, aguinaldo y ya ni decir a un contrato obrero-patronal bajo la Ley Federal del Trabajo.
A partir de aquí se inserta la argumentación de La tiranía del sentido común, donde se presenta que en México las condiciones y el caldo de cultivo para que sigan vigentes las prácticas neoliberales se agudizan a pesar del discurso político de AMLO y su gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T). Emmelhainz indica que las industrias continúan con sus negocios extractivistas en cuanto a materias bituminosas, mantos acuíferos y sobreexplotación de recursos naturales, como las concesiones a las minas a cielo abierto.
La gravedad del asunto consiste en que, para Emmelhainz, los proyectos clave de la 4T están contribuyendo a eliminar a los sectores vulnerables y el gobierno cobija sus actividades bajo el manto de la seguridad nacional. Si bien no se descarta que la 4T tenga rencillas con la iniciativa privada, como con Grupo México y el caso del daño ecológico en los ríos sonorenses, también es claro que hay buenas relaciones entre los grupos empresariales y AMLO. Como lo señaló el periodista Alejandro Páez Varela, un caso paradigmático de esto es el estira y afloja entre el presidente y Grupo Salinas por el cobro de impuestos. Aún cuando Ricardo Salinas Pliego arremete contra el Ejecutivo, AMLO lo sigue llamando amigo. Además de las buenas relaciones entre el mandatario y Carlos Slim, en este sexenio algunos empresarios también incrementaron sus fortunas a costa de los trabajadores.
En cuanto a los proyectos denominados de seguridad nacional, están el Tren Maya, en la Península de Yucatán; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México; la refinería Olmeca Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco; el Tren Transístmico, que atraviesa el Istmo de Tehuantepec, por mencionar los de mayor alcance.
El debate consiste en que desde la presidencia de la República se indica que estos proyectos traerán progreso a las zonas donde cada uno se desarrolló, pero la contraparte es que, precisamente, en zonas aledañas al Tren Maya hay grupos empresariales que se están beneficiando en detrimento de la población local y los despojos y desplazamientos forzados persisten. Además hay inconformidad social respecto a que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la operatividad de los mismos; es imposible que en un sexenio la estructura castrense cambie de contenido y forma para dejar atrás los vicios de la Guerra Sucia.
Otro punto clave en los estudios de Emmelhainz es que critica cómo la 4T fundamenta sus discursos de forma reiterativa y con una apropiación de la historia de corte nacionalista que deja fuera del mismo a las poblaciones originarias y a sectores vulnerables como actores no autosuficientes y sujetos bajo la tutela del Estado nacional. Por lo demás, AMLO no escucha ningún tipo de comentario negativo contra su proyecto de nación, por más que aquel contenga argumentos sólidos. Esto representa un problema mayúsculo para la vida pública, ya que, dejando de lado a la iniciativa privada, políticos de la oposición e intelectuales convenencieros, los antedichos sectores siguen siendo los perdedores de la historia a pesar de la máxima lopezobradorista: “Primero los pobres”.
[1] https://consulmex.sre.gob.mx/calexico/index.php/component/content/article/4-articulos/58-pacto-por-mexico
[2] Entre los escándalos de corrupción, desviación de recursos y daño al erario en el sexenio de AMLO, el caso Segalmex ascendió a un aproximado de 20 mmdp, de acuerdo con la prensa nacional.
