“Las reglas están para romperse”, o al menos eso dice un famoso dicho que he escuchado en varias ocasiones. En el imaginario colectivo quizá nos repitamos esta gastada línea para permitirnos ciertas libertades y “disfrutar” de aspectos de la vida que pueden o no estar prohibidas —como una persona que rompe su dieta o una madre que permite que su hijo falte a la escuela para tener un día libre—, pero en la vida real, y más cuando se trata del orden social de un país, las normas y reglas no están para romperse, al contrario, deben respetarse y, antes que nada, comprenderse.

Para comprenderlas, sin embargo, es necesaria una clara interpretación de ellas, y para hacerlo a veces también se requiere cuestionarlas. Seamos sinceros, la Constitución de nuestro país es larga y pocos entienden a profundidad los artículos que la componen. Por otro lado, estas normas rigen y controlan la manera en que vivimos en sociedad, delinean cómo debemos comportarnos con los otros y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Resulta entonces muy importante tener una noción, aunque sea básica, sobre qué dicen estas normas, cómo funcionan y nos protegen.

Debo aceptar, y quizá con un poco de vergüenza, que hace unos meses no tenía muy claro qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles son sus funciones y cómo está relacionada con la Constitución. Había visto spots en la televisión que la mencionaban e incluso leído notas de periódico sobre ella, pero no sabía cuál es su importancia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano judicial más importante del país. Es también tribunal constitucional —es decir, se encarga de que las leyes de la constitución sean respetadas y aplicadas—, y el máximo representante del Poder Judicial Federal, uno de los tres poderes del país: ejecutivo, legislativo y, el caso que aquí nos interesa, judicial—.

La Corte está conformada por varios jueces que analizan y dictaminan distintos casos jurídicos que puedan contraponer distintos órganos institucionales. Ellos interpretan la Constitución y sus artículos, reflexionan sobre ésta bajo un contexto en específico y llegan a resoluciones en controversias constitucionales. Es decir, dan una resolución cuando las leyes no son muy claras o deben ser impuestas en una situación compleja.

Estos procesos pueden sonar ajenos a la vida cotidiana de cualquier persona, pero luego de leer Voto en contra de José Ramón Cossío Díaz —quien fungió como ministro de la Suprema Corte durante quince años, desde 2003 hasta 2018— me quedó claro que lo que es discutido y resuelto por este órgano nos atañe a todos y por eso es importante comprenderlo.

Un ejemplo de ello son las múltiples discusiones sobre el derecho a la libertad de expresión o imprenta, sus límites y las distintas interpretaciones que se le puede dar. Éste es un derecho reconocido internacionalmente y forma parte de la Constitución desde 1917, protege a los ciudadanos de poderse expresar libremente, imprimir y difundir información, ideas y opiniones sin temor a represalias.

José Ramón Cossío narra cómo la Suprema Corte trató en 2001 la acusación en contra de Sergio Hernán Witz Rodríguez y la publicación de uno de sus poemas que causó polémica debido a un verso: “…me limpio el culo con la bandera”. Este caso ponía en contraposición dos elementos jurídicos: el derecho a la libertad de expresión o imprenta referido en el artículo 6 constitucional y el artículo 191 del Código Penal Federal que indica que será castigado cualquier ultraje a la bandera nacional. El exministro votó en contra de la resolución de la mayoría de los ministros en donde se le dio prioridad a preservar los “símbolos patrios” que a proteger la libertad de expresión o imprenta.

«El uso de una expresión vaga, como lo es “ultraje”, más la posible imposición de penas desproporcionadas, tienen un efecto especialmente negativo sobre el ejercicio de la libertad de expresión.»

Otro caso mencionado por José Ramón Cossío y que invita a la reflexión y cuestionamiento del sentido de las leyes que nos rigen fue el de la discriminación que padecieron varios elementos militares, es decir, personas que forman parte del ejército. Para comprender el caso es necesario saber que las fuerzas armadas se rigen bajo la Ley del Instituto de Seguridad Social, y en el artículo 226 se establece como causa de retiro por “inutilidad” ser portador de VIH. Es decir, algunas personas del ejército fueron “corridas” luego de ser considerados como “inútiles” o “incapaces” de realizar sus labores por ser portadores de este virus.

En 2007, la Suprema Corte resolvió varios casos de personas militares que, pese a tener carreras brillantes, fueron retirados de sus puestos. José Ramón Cossío consultó a especialistas sobre el tema y proporcionó información a la Corte con la intención de explicar y demostrar por qué los portadores de VIH no pueden ser considerados “inútiles”. Otros ministros criticaron el haber consultado a especialistas, pero él argumentó que tienen la posibilidad, y el deber, de informarse con diferentes personas sobre temas de los que ellos no tienen el conocimiento suficiente para resolver el caso de manera adecuada.

«Los ministros de la Suprema Corte no tenemos la obligación de manejar a profundidad el conocimiento médico mundialmente aceptado en materia de VIH, pero sí de informarnos cuando el respeto a los derechos de las personas depende de que una ley no establezca determinaciones arbitrarias en este tema.»

Éstos y otros temas relevantes para la sociedad actual —como la legalización de la marihuana en medio del clima de violencia que vivimos o los derechos que deben tener las personas indígenas en un país multicultural como lo es México— han sido reflexionados en la Suprema Corte y a través de la narración de José Ramón Cossío podemos conocer cuáles fueron las resoluciones y cómo resolvieron disyuntivas tan pertinentes que tuvieron y tendrán repercusión en la manera en que vivimos todos los ciudadanos.

Conocer y comprender la manera en que los artículos de la Constitución funcionan permite tener un mayor y profundo panorama de cómo se rige nuestro país y las instituciones que lo componen. Siempre ha sido —pero me atrevo a decir que más ahora, en tiempos tan polarizados— necesario saber cuáles son nuestras leyes y analizar sus consecuencias, cómo nos protegen e incluso limitan. Porque las normas y reglas en una sociedad definitivamente no están para romperse, pero sí para cuestionarse.

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