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El significado político de la "Guerra contra el narco"
Daniel Sotomayor Vela comment 0 Comentarios

¿Cómo pudo un país estar en guerra por más de 40 años sin tener un frente abierto contra un enemigo concreto, sino ante una colectividad considerada ilegal? ¿Por qué en México se le otorga un uso político-económico con cariz bélico a la producción, trasiego, mercado ilícito y consumo de estupefacientes? ¿Cuál es la posición geoestratégica global del país y su relación con Estados Unidos en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El rumbo de la Guerra Fría estaba en su clímax, mientras las políticas internacionales de Estados Unidos (EU) en México y Latinoamérica estaban enfocadas en ganar zonas de influencia para la implementar las bases para una economía globalizada inserta en los circuitos comerciales que, durante el último cuarto del siglo XX y primeras décadas del XXI, cristalizaron en el neoliberalismo.

Estas provocaron despojos de tierras, explotación y extracción de recursos naturales; incursión de empresas transnacionales, migraciones forzadas y el asesinato de la población que puso -y pone- resistencia a este modus operandi. Comprender la causalidad histórico-social de este proceso de economía política, y su relación con México, es imposible si no se toma en cuenta “la declaración de guerra” que hizo EU contra las drogas durante el gobierno de Richard Nixon en 1973.

Con base en este escenario, el entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) aún manejaba un discurso político sustentado en el nacionalismo revolucionario que apoyaba la soberanía e industria nacional. Sin embargo, la economía mexicana tenía constantes contracciones y crisis, por lo que EU volvió su mirada al país para influir en la economía política nacional. Para ello, el manejo político del discurso del “combate contra las drogas” fue fundamental, mismo que aún causa estragos en ambos países.

Durante la década de 1970 México vivía su “guerra sucia” por parte del gobierno contra grupos guerrilleros y disidentes políticos, quienes eran considerados como el enemigo interno que quería “implementar la ideología del comunismo internacional” en México. Además el discurso de la Guerra Fría tenía el mismo cariz y su batuta la tenía el gobierno estadounidense.

Durante esta década, la producción de amapola y adormidera tenía un impacto regional en el triángulo dorado mexicano (Sonora-Sinaloa-Chihuahua) y ciertos agricultores, productores y traficantes menores solían transportar cargamentos de poca monta de marihuana y opio hacia EU. En aquel entonces era poco común escuchar o leer en los medios nacionales de los “cárteles de la droga” o de “grandes capos sanguinarios, violentos y machos» que “eran un peligro para el Estado mexicano”.

No obstante, en aquellos años, el presidente Richard Nixon declaró la guerra internacional contra las drogas y en 1973 creó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En un principio, el primer objetivo de Nixon fue intervenir en Colombia con un plan que, discursivamente, era para combatir la producción y trasiego de cocaína que era comercializada en EU.

Para ello, inició el Plan Colombia con el cual EU otorgó un paquete de ayuda económica al país latinoamericano y también apoyo militar y bélico con técnicas contrainsurgentes, que fueron puestas en marcha en Vietnam, para combatir a los productores y distribuidores de estupefacientes. En ese entonces, el gobierno de EU comenzó a hablar de presuntos narcotraficantes y organizaciones dedicadas a este negocio, con el apelativo de “cárteles”, entre ellos el de Cali y Medellín.

El gobierno de Nixon apeló a que estas organizaciones eran una amenaza para la “seguridad nacional” de su país. Grosso modo, este concepto se inscribe en el marco de la protección del Estado de derecho, sin embargo, tiene objetivos concretos. Ellos son proteger los intereses empresariales y políticos de una nación considerada como potencia económica, i.e. inversiones privadas, abastecimiento de mano de obra barata, despojo y apropiación de tierras, en detrimento de un país con autodeterminación política débil.

Entre 1975 y 1985 México fue objeto de una intervención por parte de EU con un cariz similar, supuestamente para acabar con la producción de marihuana y cocaína que era producida en el país y transportada de forma ilegal por la frontera norte. Fue en 1975 que inició el Plan Cóndor, firmado entre el gobierno mexicano y el estadounidense, cuando el ejército mexicano recibió entrenamiento en tácticas contrainsurgentes, apoyo militar y económico para combatir este comercio ilegal.

Los primeros efectos del Plan Cóndor fueron el uso ilegal de fertilizantes tóxicos en plantíos, detención arbitraria de campesinos pobres y otros agricultores que fueron criminalizados y, bajo el beneplácito de EU, categorizados como una amenaza para la seguridad nacional de México y el vecino del norte.

Desde entonces inició un proceso en México que caminó de la mano con la privatización de las industrias, precarización laboral, introducción de paquetes de ayuda económica. Resultan ser una válvula de escape para las crisis bancarias internacionales, pero que públicamente es difícil de explicar y observar de forma crítica cuáles son sus causas y el pretexto político para la continuidad de este proyecto mundial de economía-política.

Por ello, el libro La guerra en las palabras. Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020) (Debate) de Oswaldo Zavala resulta fundamental para tratar de comprender cómo es que los gobiernos mexicano y estadounidense se han valido de la llamada “guerra contra el narco” para sustentar la introducción del neoliberalismo.

Retomando el Plan Cóndor, Zavala argumenta que, en ambos países se construyó la figura de los grandes capos, narcos, cárteles y demás traficantes violentos que, presuntamente, fueron y han sido un peligro para el Estado. Para ello, el gobierno mexicano, al modo estadounidense, creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una policía de espionaje político que se dedicó a las ejecuciones extrajudiciales y debía combatir a los traficantes de estupefacientes. Sin embargo, sus miembros tenían contacto con los sujetos que decían combatir, al mismo tiempo que reportaban sus actividades a sus superiores.

El relato de Zavala se ciñe a las operaciones de ambos gobiernos y su argumentación es que, con base en discursos de seguridad nacional y protección al estado de derecho, se valieron de utilizar a estos grupos delictivos como chivos expiatorios para ejercer su hegemonía en la economía política.

Para ello, divide su relato en cuatro rubros, que abarcan el inicio del combate contra las drogas entre 1975 y 1985; después explica cómo EU, bajo sus políticas de seguridad nacional, se adentra en la vida política de México con la implementación de una “doctrina securitaria”. Esta corresponde con señalar a los supuestos grandes narcotraficantes como los enemigos máximos del Estado e internos de la sociedad.

La tercera y última parte se inscriben propiamente en el llamado periodo neoliberal (1994-2020), donde se explican los diferentes usos políticos que se le otorgan a las organizaciones criminales. Junto a ese proceso, Zavala explica cómo se generó toda una industria de entretenimiento que nada explica el fenómeno y sólo tiende a reforzar la concepción que se tiene de los “narcotraficantes”, como sujetos viles, infrahumanos que solo se asesinan entre sí.

A su vez, el punto nodal es observar que la “guerra contra las drogas” en México no inició en concreto en enero del 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón y tras la firma de la Iniciativa Mérida, sino que se puede rastrear desde el Plan Cóndor entre 1975 y 1985.

Por último, Zavala analiza el fin oficial que puso el presidente López Obrador a la “guerra contra las drogas” al inicio de su sexenio. No por ello concluyó la militarización, despojo, desaparición, control migratorio y violencia contra la sociedad, además de la injerencia de los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos y otros.

Un aspecto fundamental para el análisis del combate contra las drogas, es observar la sincronía que existe entre los paquetes de “ayuda económica” de EU hacia México, de la militarización del país y su consiguiente derramamiento de sangre contra la ciudadanía, muchos tachados de presuntos capos que no tenían relación alguna con el trasiego de drogas, con el despojo de tierras y auge de las empresas trasnacionales.

Por ello, Zavala también hace una crítica a la literatura que existe sobre el tema, varios de estos autores argumentan que en México el Estado fue cooptado por el “narco” y escriben sobre “narco-estado”, “narco-política” y “narco-violencia”. No obstante, Zavala argumenta que el Estado no está cooptado, sino que, de forma internacional, las cúpulas mexicanas y estadounidenses manejan a modo los hilos de la violencia desatada en México, utilizando como carne de cañón y chivos expiatorios a los narcotraficantes. Cabe señalar que Zavala no niega la violencia y existencia de las organizaciones criminales, pero sí cuestiona el uso político y margen de acción concreto que pueden tener ante el Leviatán que sustenta EU y las empresas transnacionales para favorecer un modelo de economía-política que se vale de la violencia. Oswaldo Zavala está dentro de los académicos contemporáneos que estudian “la guerra contra las drogas” como una “guerra neoliberal” contra la sociedad, tal como expuso Dawn Paley en Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo y Guerra neoliberal. Desaparición y búsqueda en el norte de México.

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